Exigen absolver los cargos y cese de la criminalización contra periodista Schirlei Alves

Autor: RIPVG

• La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y la Red Brasileña de Periodistas y Comunicadoras con Visión de Género y Raza se solidarizan con la reportera Schirlei Alves, condenada a un año de prisión domiciliaria.

La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) y la Red Brasileña de Periodistas y Comunicadoras con Visión de Género y Raza reprueban la resolución de la jueza Andrea Cristina Rodrigues Studer, titular del 5º Juzgado Penal de Florianópolis contra la periodista independiente Schirlei Alves, condenada a un año de prisión domiciliaria y el pago de una indemnización de 80 mil dólares al juez Rudson Marcos y al fiscal Thiago Carriço de Oliveira por los delitos de calumnia e injurias.

El proceso judicial inició en el mes de diciembre de 2020 cuando un tribunal ordenó al medio The Intercept Brasil y a la periodista Alves “rectificar” las investigaciones después de que el fiscal alegara que Alves lo había difamado. El fallo del juez ordenó a los medios agregar lenguaje específico a sus informes, proporcionados por la periodista, destacando que el juez Marcos sí hizo intervenciones para mantener el orden y que Oliveira, como fiscal principal del caso, advirtió al abogado defensor sobre su línea de interrogatorio.

En un reportaje publicado en 2020 por The Intercept Brasil, la periodista Schirlei Alves reveló el bochorno, humillación y violencia ejercida por el juez y el fiscal contra la influencer digital brasileña Mariana Ferrer mientras brindaba su testimonio en calidad de víctima, en el juicio contra el acusado de violarla en 2018.

Luego de la cobertura periodística de Scherlei y la indignación nacional que el caso generó, en 2021 fue aprobada la Ley Federal 14.245, mejor conocida como la Ley Mariana Ferrer, la cual castiga a los agentes públicos que atenten contra la dignidad de víctimas o testigos de violencia sexual en los tribunales.

Desde 2020 a la fecha, la periodista ha tenido que enfrentar seis procesos judiciales por parte del juez, del fiscal y del abogado del empresario acusado de violación. También ha sido víctima de amenazas, campañas de desprestigio y ataques misóginos en línea, buscando descalificar su conducta profesional; tal como lo denunciaron la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y la Red Brasileña de Periodistas y Comunicadoras con Visión de Género y Raza.

La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) como otras 20 organizaciones de la sociedad civil de Brasil ya han expresado su preocupación por el cerco judicial emprendido contra Scherlei como una forma de intimidar a periodistas.

Schirlei es una periodista que siempre ha hecho cobertura de temas relacionados con los derechos humanos y, particularmente, los derechos humanos de las mujeres, por lo que ha recibido distintos premios locales y nacionales. Se graduó como periodista en la Universidad de Vale do Itajaí en el estado de Santa Catarina, Brasil, ha ejercido la profesión durante más de 14 años. Ha trabajado como reportera en diferentes medios de comunicación, entre ellos, los periódicos A Notícia, Zero Hora, Diário Gaúcho, Notícias do Dia, CBN Diário y Rádio Gaúcha. Trabajó como freelance para el portal de noticias The Intercept Brasil, CNN Brasil y BBC News Brasil.

En ese contexto, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y la Red Brasileña de Periodistas y Comunicadoras con Visión de Género y Raza se solidarizan con la reportera Schirlei Alves y reprueban este fallo judicial, que constituye un artero ataque a la libertad de expresión,  al buscar silenciar las voces y encarcelar a mujeres periodistas que visibilizan la violencia de género ejercida contra las víctimas por funcionarios que están obligados a proteger y garantizar acceso a la justicia desde las instituciones públicas.

Hacen un llamado a las autoridades del Estado Brasileño a:

• Anular la injusta condena contra la periodista Schirlei Alves y que cese el cerco judicial emprendido en su contra por funcionarios de la administración de justicia brasileña.

• El cese inmediato de todo acto de criminalización y violencias con las que buscan disuadir a la periodista de continuar su labor informativa.

• Atender las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos de las Relatorías de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas, a fin de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres a ejercer su labor periodística libre de todo tipo de violencia.